La educación superior en el Perú ha experimentado transformaciones profundas desde que se instauró la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Ahora, con la reciente modificación del Reglamento del Registro de Universidades —publicado a través de la Resolución del Consejo Directivo N.º 083-2024-SUNEDU/CD— se han introducido nuevas reglas que alteran el procedimiento para declarar y registrar cambios institucionales. ¿Qué implican estas medidas y cómo impactan directamente en la vida académica de los estudiantes?
Un marco más estricto para cambios en las universidades
Desde su publicación el 11 de julio de 2024 en el diario El Peruano, la nueva normativa establece un procedimiento más riguroso para el registro de modificaciones en la estructura, funciones o identidad de las universidades. Esto incluye:
- Cambios de razón social o denominación
- Transformaciones de universidades privadas a asociaciones sin fines de lucro (o viceversa)
- Fusiones entre universidades
- Disolución o cierre definitivo
- Variaciones en el tipo de gestión (pública o privada)
En la práctica, estas decisiones no son meramente administrativas. Afectan la continuidad académica, la validez de los títulos, el acceso a beneficios estatales y hasta la percepción de empleabilidad de los egresados.
¿Qué busca Sunedu con estos ajustes?
El espíritu de la reforma es claro: evitar el uso instrumental de los cambios institucionales para evadir las responsabilidades que impone la ley universitaria, como sucedió en el pasado con universidades no licenciadas que intentaron transformarse o fusionarse para seguir operando sin cumplir con los estándares mínimos de calidad.
En palabras de la propia Sunedu, el objetivo es “proteger el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, dentro de un marco institucional legítimo y transparente”. Puedes revisar directamente esta intención en el comunicado oficial del organismo.
Cambios clave del reglamento
A continuación, se sintetizan los aspectos más relevantes de la nueva normativa:
| Tipo de cambio | Requisitos adicionales | ¿Se requiere autorización previa de Sunedu? | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cambio de denominación o razón social | Informe jurídico que justifique el cambio y documentación registral actualizada | Sí | Se revisa si hay fines de elusión regulatoria |
| Transformación institucional (por ejemplo, de asociación civil a sociedad anónima) | Estudio de viabilidad, nuevo estatuto, opinión favorable de la Asamblea Universitaria | Sí | Puede generar cambios en el régimen económico y tributario |
| Fusión de universidades | Plan detallado de integración académica y administrativa, historial de licenciamiento de ambas instituciones | Sí | No se permite si alguna universidad no está licenciada |
| Disolución o cese definitivo | Plan de cese ordenado, cronograma, medidas para garantizar continuidad de estudios | Sí | Debe garantizarse la posibilidad de traslado para los estudiantes |
| Cambio de tipo de gestión (de pública a privada o viceversa) | Resolución gubernamental (en el caso de universidades públicas), análisis de impacto | Sí | Muy inusual y con efectos sobre el financiamiento |
Estos cambios permiten a la Sunedu tener mayor control sobre decisiones que antes se tomaban con una libertad riesgosa para la comunidad estudiantil.
¿Cómo se verá afectado el estudiante promedio?
A primera vista, parecería que este nuevo reglamento es un tema técnico, alejado de la experiencia diaria de quienes cursan una carrera. Pero lo cierto es que cualquier decisión que afecte la identidad o la estructura de una universidad repercute directamente en sus alumnos.
Una estudiante como Andrea —de una universidad privada con reciente cambio de razón social— se pregunta si su grado académico será válido en el extranjero. Un egresado como Luis, que se tituló justo antes de una fusión con otra universidad, teme que su CV se vea debilitado por una marca institucional que ya no existe. Estas inquietudes son reales y justificadas.
Lo que hace Sunedu con esta norma es crear un marco legal que minimice este tipo de incertidumbres. Bajo las nuevas reglas, cualquier cambio debe garantizar que los estudiantes actuales y egresados no vean vulnerados sus derechos. Además, se exige transparencia: las universidades deben informar a la comunidad educativa sobre las decisiones que tomen y sus consecuencias.
Testimonio desde las aulas
Para muchos docentes universitarios, esta medida era necesaria. Pedro Valderrama, profesor de derecho administrativo en una universidad de Lima, considera que “la opacidad con la que se venían dando transformaciones institucionales era peligrosa. Había universidades que cambiaban de nombre para ocultar procesos pendientes o sanciones. Esta reforma pone el foco donde debe estar: en proteger a los estudiantes”.
¿Qué pasa si una universidad no cumple con el nuevo reglamento?
La consecuencia principal es que cualquier cambio que no esté debidamente registrado y autorizado por la Sunedu será considerado inválido. Esto incluye la posibilidad de sanciones, desde la anulación del acto registral hasta multas económicas o restricciones en el licenciamiento.
Además, se establece que los estudiantes pueden presentar denuncias o reclamos si consideran que sus derechos han sido vulnerados en medio de un proceso de transformación. Para ello, la Sunedu ha reforzado sus canales de atención ciudadana, accesibles desde su plataforma virtual.
Una señal a la comunidad universitaria
Este nuevo marco no es aislado. Se da en un contexto donde el Congreso, el Ministerio de Educación y otros actores del sistema están replanteando el rumbo de la educación superior en el país. La Ley Universitaria ha sido objeto de constantes debates y ajustes, algunos controvertidos, otros necesarios.
Por ejemplo, el regreso del consejo directivo con representación política generó dudas sobre la autonomía de la Sunedu, pero al mismo tiempo abrió espacio para revisar aspectos técnicos que requerían actualización. Esta modificación al reglamento va en esa línea: perfeccionar, no desmantelar.
¿Y las universidades públicas?
Aunque muchas veces los cambios administrativos afectan sobre todo a instituciones privadas, también hay implicancias para el sector público. Una eventual transformación de una universidad nacional —por razones de reorganización, regionalización o financiamiento— ahora debe pasar por un filtro mucho más riguroso.
Esto busca evitar situaciones como la de estudiantes que son trasladados sin previo aviso, facultades que desaparecen sin justificación o programas que cambian de currícula en mitad del semestre.
Un punto de partida para fortalecer la confianza
Este reglamento, si bien técnico, es un hito en el esfuerzo por consolidar una educación superior transparente y de calidad. No elimina los problemas estructurales del sistema, pero ofrece una herramienta más para fiscalizar y exigir responsabilidad institucional.
Para los estudiantes y sus familias, esto significa mayor claridad sobre el rumbo que puede tomar su universidad. Para los docentes y autoridades, implica una exigencia adicional de cumplir con procesos normativos exigentes. Y para el país en general, es una señal de que no se pueden seguir tolerando cambios improvisados que dejan a miles de jóvenes en el aire.
La vigilancia ciudadana será clave. Porque una norma puede ser buena en el papel, pero solo su implementación rigurosa hará la diferencia. Por ahora, queda claro que los tiempos en que una universidad podía reinventarse con una escritura notarial y poco más están quedando atrás. Y eso, sin duda, marca un antes y un después para el sistema universitario peruano.
