A comienzos de año la Sala Plena de la Corte Suprema conformó una comisión de alto nivel para analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.
Debe ser la enésima vez que se intenta reformar el Poder Judicial en los últimos 40 años. Durante ese lapso se han implementado reformas tras reforma con soluciones parecidas. Al final todo sigue igual.
A pesar de las reformas implementadas, el Poder Judicial no logra incrementar la confianza de la ciudadanía. La última encuesta del INEI, señala que el 80,3% de los peruanos desconfían del Poder Judicial.
Las críticas no solo se centran en la institución sino también contra las numerosas cantidad de reformas implementadas, que en vez de solucionar sus problemas más bien los agravan.
La ciudadanía sigue percibiendo al Poder Judicial ineficiente, corrupto y lento. De ahí que no sorprenda que esta vez sea la propia institución intenta nuevamente otra reforma.
¿Por qué fallan las reformas judiciales?
Son varias las causas que neutralizan las reformas que han realizado, aunque pueden agruparse en dos áreas: injerencia política y excesiva burocracia.
La injerencia política se manifiesta a través de las propuestas de reforman que surgen desde el Ejecutivo que buscan tener subordinado al Poder Judicial, tal como sucedió en 1995 cuando el gobierno realizó una drástica reforma judicial, nombrando una Comisión Ejecutiva que se encargó de administrar la institución judicial.
De otro lado, la excesiva burocracia se hace patente mediante las reformas que comienzan estableciendo comisiones de trabajo con el objetivo de elaborar diagnósticos y propuestas, que dan lugar a otras comisiones para implementar las propuestas y se siguen creando más comisiones.
En el fondo, las sucesivas reformas judiciales han carecido de profundidad. No se han centrado en las fallas estructurales (sobrecarga procesal, falta de presupuesto, carrera judicial) y más bien han priorizado la parte superficial, como la modificación de las normas procesales.
Reformar el Poder Judicial también implica mayor presupuesto, pero esta demanda siempre ha tenido reticencia por parte de los gobiernos que lo ven como un gasto y no como una inversión y con ello obstaculizan lo que se quiere reformar: la sobrecarga procesal y la gran cantidad de jueces provisionales.
Los jueces provisionales por su misma condición carecen de la independencia necesaria debido a que su permanencia depende del Consejo Ejecutivo o las Salas Plenas que los nombró, lo cual de facto conduce al clientelismo.
Toda la retahíla de reformas solo han conseguido que la ciudadanía observe que el sistema de justicia está reformándose todo el tiempo, pero que sus problemas nunca se solucionan.
La última reforma planteada por la Corte Suprema no está exenta de dificultades porque plantea serias interrogantes en cuanto a la capacidad de los jueces de diseñar y ejecutar un programa dirigido a encarar sus mayores problemas.
¿Se podrás esta vez mejorar el sistema judicial o pasara a ser una de las tantas reformas intrascendentes que se han hecho a lo largo de los años?
Si la nueva reforma consigue darle al Poder Judicial eficiencia, transparencia y calidad de servicio habrá dado un paso positivo para cumplir con sus funciones de manera justa y oportuna.
